Pese a la importancia de los planes de estímulo económico en la respuesta a la pandemia del coronavirus, los Estados no han de olvidar otras prioridades como la crisis climática o la renuncia a financiar proyectos o infraestructuras alimentadas por carbón, advirtió el relator especial de la ONU sobre derechos humanos y el medioambiente.
En un comunicado emitido este martes, David Boyd señaló que los países no deben dedicarle “ni un solo dólar” a este tipo de proyectos.
“Estamos en medio de una emergencia climática sin precedentes y de una crisis socioeconómica de gran magnitud, con importantes repercusiones en los derechos humanos de hoy y efectos catastróficos inevitables en el futuro, a menos que se hagan cambios rápidos, sistémicos y transformadores en nuestros sistemas energéticos. El carbón debe eliminarse lo antes posible“.
Boyd destacó que el carbón es uno de los principales causantes de dos de los peores problemas ambientales que asolan al planeta: el cambio climático y la contaminación atmosférica.
El experto recordó que la industria dedicada al carbón produce alrededor de un tercio de las emisiones mundiales de dióxido de carbono y que contribuye en gran medida a la polución del medioambiente, provocando cada año millones de muertes prematuras y comprometiendo los derechos a la vida, a la salud y a un entorno limpio.
Por si no fueran bastante estos argumentos, añadió que las minas de carbón han provocado desalojos forzosos en muchos países, desplazamiento de comunidades enteras y otras violaciones del derecho a una vivienda adecuada.
Las energías renovables como alternativa al carbón
Un argumento adicional que Boyd introdujo en su razonamiento es que en la mayoría de los países se ha producido un abaratamiento del costo de las energías renovables en relación con el carbón.
Pese a que antes de la aparición de la COVID-19 el carbón se usaba para suministrar más de un tercio del total de la electricidad mundial, la Agencia Internacional de la Energía prevé una caída del uso del carbón de un 8% durante este año, la mayor disminución desde la Segunda Guerra Mundial.
Un dato positivo que podría ensombrecerse si se recuperan las infraestructuras alimentadas por el carbón y no se activan políticas públicas para reducir la dependencia de las energías contaminantes.
“Los Estados deben cerrar las minas y las centrales eléctricas de carbón, junto con la elaboración de estrategias de transición adecuadas para los trabajadores y las comunidades afectadas“, dijo Boyd, emplazándolos a unirse a la alianza Powering Past Coal, que ya cuenta con más de 30 países.
Del mismo modo, señaló que, con el fin de garantizar la protección de los derechos humanos contra los efectos del cambio climático y la contaminación atmosférica, todos los Estados de ingresos altos deberían finalizar el uso del carbón en 2030 o antes, los de ingresos medios en 2040 y los de bajos ingresos una década más tarde.
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